La reciente promulgación de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, el 24 de junio de 2024, ha introducido cambios significativos en el marco normativo de las contrataciones públicas en el Perú. Esta ley busca modernizar y optimizar los procesos de adquisición del Estado, promoviendo mayor transparencia, eficiencia y participación de diversos actores en el mercado público.​El Peruano+5LexLatin+5Blog PUCP+5

Entre las principales modificaciones destacan:

• Unificación del marco normativo: Se establece un conjunto único de normas que regulan las contrataciones públicas, facilitando su comprensión y aplicación por parte de las entidades y proveedores. ​

• Fortalecimiento de la transparencia y eficiencia: La ley incorpora medidas para mejorar la transparencia en los procesos de contratación y aumentar la eficiencia en la gestión de recursos públicos. ​

• Modificaciones en la administración de arbitrajes: Se establece que el Sistema Nacional de Arbitraje del Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado (SNA-OSCE) dejará de administrar procesos arbitrales, transfiriendo esta función a centros de arbitraje que cumplan con los requisitos establecidos. ​LP

La implementación de esta ley representa un avance hacia la modernización de las contrataciones públicas en el Perú. Sin embargo, su éxito dependerá de una adecuada reglamentación y de la capacitación de los actores involucrados para adaptarse a los nuevos procedimientos y requisitos establecidos.

Respecto a los cambios que hemos mencionado, valorando positivamente la intención de modernizar el sistema de contrataciones públicas, creemos que es un cambio positivo, siempre y cuando se acompañe de una implementación rigurosa, una adecuada capacitación de los actores y un sistema de control efectivo que garantice la integridad del proceso.

• Modernización y seguridad jurídica: La Ley N°32069 representa un avance al unificar y actualizar el marco normativo de las contrataciones públicas. Esto favorece la seguridad jurídica al simplificar y clarificar las reglas del juego para todas las partes involucradas .

• Transparencia y eficiencia: La incorporación de medidas que refuerzan la transparencia y optimizan la eficiencia en la gestión de recursos públicos es fundamental. Sin embargo, para materializar estos objetivos es indispensable que la ley se implemente con una reglamentación clara y se garantice una adecuada supervisión de los procesos .

• Desafíos en la transición: Cambios como la transferencia de la administración de procesos arbitrales a centros especializados pueden mejorar la eficiencia, pero también implican un proceso de adaptación. Es crucial que tanto funcionarios como proveedores reciban la capacitación necesaria para aplicar correctamente las nuevas disposiciones .

• Prevención de riesgos legales: Desde la perspectiva legal, es esencial que los mecanismos de control y auditoría sean robustos para prevenir interpretaciones arbitrarias y prácticas corruptas. La claridad en los procedimientos y una vigilancia constante son pilares para el éxito de la reforma.